En primer lugar, con objeto de justificar o explicar el porcentaje de tiempo de trabajo que dedico a cada una de estas funciones principales, es necesario describir el punto de partida, esto es, el puesto de trabajo que desempeño.

Oficialmente, mi puesto de trabajo es la jefatura del Área de Demandas en un Centro de Empleo de una ciudad mediana muy castigada por el paro, como desgraciadamente hay muchas en Andalucía. Este puesto es una especie de sección de coordinación y supervisión de un grupo de personas que se ocupan de atender directamente a los demandantes de empleo, para inscribirles en el sistema y hacerles una clasificación profesional que contribuya a iniciar su búsqueda de empleo.

Esta es la teoría. La realidad es muy distinta. Debido a la falta de personal técnico y administrativo en las oficinas de empleo, además de las tareas descritas, también me ocupo de los procedimientos de recuperación de demandas (esto es, cuando al demandante se le olvida “pasar el paro”), de la gestión de ofertas de trabajo, como apoyo de otra compañera puesto que está ella sola, del registro de contratos laborales y modificaciones de los mismos y de casi todas aquellas tareas que llegan a las oficinas. En resumen, de una manera u otra, toco todas las tareas y funciones de atención al ciudadano y a las empresas, que se desarrollan en una oficina de empleo. No tengo tiempo de aburrirme.

Vaya también por delante, que, a pesar de todo, mi trabajo me gusta.

En referencia a las funciones principales del gráfico arriba expuesto, el desglose en porcentaje de ocupación de tiempo sería el siguiente:

1. Estrategia. 0% La estrategia viene impuesta por las direcciones provinciales y los servicios centrales, donde trabaja gente que no ha visitado mucho, por no decir nada, las oficinas de empleo.
2. Coordinación. 10% En la medida de lo posible, convoco, con autorización de mi superior, reuniones para que todos los que trabajamos en la oficina tengamos toda la información y tratemos de igual forma a los demandantes a los que atendemos.
3. Gestión. 60%. Es el eje fundamental de las tareas que realizo, la que más tiempo me ocupa.
4. Innovación. 15% Distribuido entre la realización de cursos de formación (hablamos de cursos presenciales, que pueden ser 2 al año, el resto son de teleformación y los hago desde mi casa), el estudio de normativa e instrucciones nuevas que debemos aplicar, la investigación sobre cómo funcionan los programas informáticos que utilizamos, ya que no suelen enviarnos las instrucciones o nos las envían tarde, darle vueltas a los procedimientos establecidos para aplicarlos de forma más favorable a los ciudadanos....
5. Operación. 15%. Realización de tareas administrativas, puesto que no hay personal que las realice.

¿Me gustaría dedicar más tiempo a la innovación? Por su puesto que si!!!

¿Qué recursos necesito? Principalmente tiempo, que obtendría si aumentara el número de personas que trabajan en la oficina. Y, en segundo lugar, acceso completo o al menos más amplio a internet. Ahora mismo está tan limitado que este curso sobre innovación lo tengo que realizar desde casa y, lo que es peor, cuando atiendo a un demandante de empleo y le hablo sobre los recursos o páginas web hacia donde puede orientar su búsqueda de empleo, ejemplo web de infojobs, no se los puedo enseñar porque cuando intento entrar me aparece un cartelito que dice “web filtrada”.  

Gobierno abierto: una opinión personal

Después de leer varios textos, artículos, ideas, blogs... de otros compañeros de aventura, me parecía un poco repetitivo y hasta cansino volver a seleccionar un ejemplo de Gobierno abierto, describirlo, identificar sus ventajas y dar mi opinión sobre su aplicación en el organismo en el que trabajo. Así que, espero que con el permiso de los profes, voy a modificar un poco la tarea y voy a exponer como veo yo, desde mi posición de ciudadana común y corriente, este tema del Gobierno abierto.

La idea de Gobierno abierto para mi es relativamente reciente, quizás se ideara antes, pero los ciudadanos de a pie no le prestamos ninguna atención hasta que llegó la crisis económica y social, que se inició en 2007 y que todavía seguimos sufriendo, por mucho que “algunos” utilicen los tiempo verbales del pasado para referirse a ella.

Mientras los gobiernos de los dos colores malgastaban el dinero público en obras faraónicas e infraestructuras sin utilidad, (aeropuertos sin aviones, estaciones del ave en pueblos perdidos, organismos administrativos inservibles en los que colocar a la clientela....), de las que en el reparto obtenían sus buenas comisiones, los bancos animaban a la gente a firmar su sentencia de muerte en forma de hipoteca envuelta en papel de celofán y los ciudadanos nos dejábamos engañar por ambos, creyendo que esta situación de bonanza sería eterna, y viviendo según las reglas de la picaresca española (trabajando en negro más que en blanco), nuestra mayor preocupación, desgraciadamente, era quién iba a ganar la liga. La idea del gobierno abierto, ni se nos pasaba por la imaginación.

Pero como dice la canción, “todo tiene su fin”. El fin empezó en EEUU, en 2007, y como suele ocurrir, pocos meses después llegó a Europa, y aterrizó en España, que al ser una de las economías más débiles, junto con Grecia, Irlanda y Portugal, se estrelló sin remedio. Las consecuencias de la crisis, creo que no es necesario que las enumere, todos, de una manera u otra, la hemos padecido y muchos todavía la siguen sufriendo.

La primera reacción del equipo de gobierno español en ese momento fue la negación. Posteriormente, empezaron a admitir lo que ya era evidente, que la economía española no sólo se había frenado, es que había retrocedido y la deuda, del Estado y de los ciudadanos empezó a crecer. Pero a pesar de ello sólo se pararon las inversiones y se realizaron algunos ajustes que afectaron principalmente a los trabajadores del sector público. Al fin y al cabo, lo que estaba sucediendo era “culpa de los funcionarios” o así se lo vendieron a una ciudadanía cada vez más asustada.

En el año 2009, y de nuevo en EEUU, el Presidente Obama, con su “Open Government Directive”, rescató o reinventó la idea del Gobierno abierto, basado en tres pilares: transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y colaboración entre todos los sectores, como instrumento para salir de la crisis y crear futuro. En poco tiempo, y gracias las nuevas tecnologías y las redes sociales, estas ideas también llegaron a nuestro país.

Pero en contra de los piensan muchos autores, que afirman que fueron los gobiernos (central, autonómicos y locales) los que iniciaron la senda del gobierno abierto con las leyes y portales sobre la transparencia, en mi opinión, en España fue la participación, o mejor, el deseo de participación, el primer pilar que se asentó.

Así, en mayo del 2011, en vísperas de las elecciones municipales, un grupo muy heterogéneo de ciudadanos, heterogéneo por su edad, sus ideas políticas y su situación económica, aunque en su mayoría procedían de las llamadas clases medias, en los que se cebó la crisis, hartos de la situación, decidieron salir a la calle a manifestar pacíficamente sus ideas, utilizando las plazas como foros, como en la antigüedad pero convocados por móvil. Se les denominó “el movimiento 15M”.

Las elecciones municipales pasaron y llegaron las generales. El gobierno cambió de color. Cuando se sentaron a ver en qué situación se encontraba realmente el país y vieron la ruina que teníamos encima, acentuada por las exigencias de Europa (principalmente de Alemania), elaboraron un plan de ajuste brutal, en el que no se tuvo en cuenta a los ciudadanos y cuyo único mérito es que todavía podemos decir “en Grecia están peor”.

Estos ajustes, sumados a los casos de corrupción de todos los colores que a diario salían en las noticias, hicieron que los ciudadanos empezaran a exigir saber en qué se gastaban los gobiernos de nuestro país el dinero, es decir, a exigir transparencia en la gestión pública, segundo pilar que se asentó del concepto de Gobierno abierto.

Por ello los gobiernos de este país (central, autonómicos y locales), ante las “demandas de la sociedad”, aprobaron leyes de transparencia y pusieron en marcha los Portales de Transparencia. Pero estos portales, que el primer día se colapsaban de visitas de ciudadanos que querían saber cuánto ganaban nuestros representantes políticos y cuántos coches oficiales tenían, hoy ya pasan totalmente desapercibidos. No contienen información relevante.

Pero el interés de participar en la toma de decisiones se sigue manteniendo. Somos muchos los ciudadanos a los que nos gustaría que nuestra opinión, siempre que fuera coherente, fuese escuchada. Y entre ellos, hay muchos empleados públicos. Al fin y al cabo somos quienes aplicamos (nos gusten o no) con objetividad e imparcialidad, las normas y proyectos aprobados por nuestros representantes políticos y los que damos la cara y las explicaciones a los ciudadanos.

Esta participación de los empleados públicos en la toma de decisiones, previa a la gestión, es una de las innovaciones que se podrían producir en el sector público español. Si el político y sus asesores, que diseñan “su proyecto” en su despacho acristalado, lejos de la calle, aplicando todavía el viejo principio del siglo XVIII, “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, antes de ponerlo en práctica nos consultaran, por un parte a los funcionarios que vamos a ponerlo en práctica, y por otro a los ciudadanos que van a sufrirlo, a lo mejor se cometían muchos menos errores y se gestionaban los escasos recursos económicos para obtener un beneficio común mucho mayor.

Y en eso estamos, los gobiernos de nuestro país (central, autonómicos y locales), centrados en su pilar de transparencia, la ciudadanía, o al menos parte, exigiendo una mayor participación en la toma de decisiones, y en cuanto a la colaboración.......parece que este pilar está todavía por llegar.

Se admiten críticas constructivas.

haydee